La acusación popular pide reabrir el caso de la financiación ilegal del PP a cambio de adjudicaciones de obra pública

26 de noviembre de 2015

Los colectivos que iniciaron la conocida como 'querella Bárcenas', la acusación popular formada por la Asociación Libre de Abogados, IU, Ecologistas en Acción y Los Verdes, han solicitado este jueves 26 de noviembre la reapertura de las diligencias previas en la pieza separada de los papeles de Bárcenas. Consideran que las recientes declaraciones de Correa confirman lo que han venido señalando desde el principio: que los responsables de grandes empresas constructoras presuntamente financiaron de forma ilícita al Partido Popular a cambio de la adjudicación de obras públicas

Las organizaciones que iniciaron la acusación popular en el caso Bárcenas han presentado hoy, jueves 26 de noviembre, un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Solicitando la reapertura de las diligencias previas 275/2008 en la pieza separada de los papeles de Bárcenas para que se investigue de nuevo a las contratistas que fueron objeto de querella.

¿Qué es lo que ha ocurrido para que se produzca esta petición? La declaración realizada por Francisco Correa, publicada el 21 de octubre de 2015 por eldiario.es. De esa declaración se desprende con absoluta nitidez lo que ya venían denunciando las organizaciones querellantes: la existencia de una trama en la que estarían implicados políticos (representados por Luis Bárcenas como intermediario) y empresarios (para quienes Francisco Correa representaba este mismo papel) para obtener adjudicaciones de grandes contratos públicos a cambio de “donaciones”. Donaciones que, además, superaban los máximos legales permitidos y eran ilegales por cuanto las hacían empresas que contrataban con la administración.

Esta dinámica de presunta corrupción es, exactamente, la que denunciaba la acusación popular sobre la base de 'los papeles de Bárcenas'. Sin embargo, el juez instructor no encontró indicios relevante que permitieran demostrarlo, por lo que se dictó su sobreseimiento.

Pero ahora, para las organizaciones de la acusación popular, entre ellas la Asociación Libre de Abogados, IU o Ecologistas en Acción, esta declaración de Correa constituye un contundente y nuevo elemento fáctico, una prueba determinante de lo que no se ha podido constatar en la instrucción previa. Por ello, solicitan la reapertura de las diligencias previas (25/2013) que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.

Las organizaciones querellantes consideramos que los nuevos hechos acaecidos aportan indicios suficientes, justifican sobradamente la reapertura de la investigación y la continuación de la instrucción.

 

Tags: 

Otra recusación contra los magistrados López y Espejel

14 de septiembre de 2015

Los colectivos que iniciaron la conocida como “querella Bárcenas”, la acusación popular formada por la Asociación Libre de Abogados, IU, Ecologistas en Acción y Los Verdes, han presentado una recusación contra Enrique López y Concepción Espejel. Estos dos magistrados son miembros de la sección de la Audiencia Nacional que juzgará este caso, y a juicio de estas organizaciones no serían parciales a la hora de enjuiciar a la cúpula económico administrativa del Partido Popular y al propio partido, que está encausado como responsable civil.

A la recusación formulada por parte de las acusaciones populares del caso Gürtel contra el Magistrado Enrique López, se suma ahora la que presentan las organizaciones que iniciaron la querella de los “Papeles de Bárcenas”, esto es, la Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad.

Estas organizaciones consideran que hay cuatro motivos claros de recusación. El primero es una “amistad manifiesta” del magistrado con respecto al PP, partido que lo propuso como vocal del CGPJ, cargo que desempeñó entre 2001 y 2005. El propio Álvaro Lapuerta, uno de los acusados en la trama corrupta, votó favorablemente su nombramiento. Además, Enrique López y López fue propuesto por el mismo partido como miembro del Tribunal Constitucional.

En segundo lugar, López y López ha sido colaborador habitual de FAES, fundación nítidamente ligada al PP, hasta el punto que ha ejercido como coordinador de diversos seminarios. 

En tercer lugar, tratándose de una circunstancia muy concluyente y que no se ha recogido en otras recusaciones, Enrique López fue uno de los magistrados que resolvió –a través de lo que esta acusación consideró una maniobra irregular y que fue objeto de querella– sobre la procedencia de determinados interrogatorios en el procedimiento, lo que hizo que tuviera acceso al expediente. Esto quiere decir, que López y López accedió a la instrucción de la causa, lo que rompe con la garantía procesal de que el juez que juzga no debe estar prevenido por la instrucción.

Y ya por último, pero no menos importante , Enrique López fue objeto de querella  por prevaricación y en el devenir de ese procedimiento en estos momentos existe un procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las posibles irregularidades registradas en este caso.

En relación con la magistrada Concepción Espejel, existen así mismo fundados motivos de su relación con el PP y con miembros de su dirección. Por ejemplo, la magistrada fue también miembro del CGPJ entre 2008 y 2014 a propuesta, otra vez, del PP, para lo que recibió el voto del propio Luis Bárcenas en el senado.

Es decir, dos encausados tan relevantes como Lapuerta y Bárcenas han aupado con sus votos a los puestos más importantes de la carrera judicial a los magistrados que les juzgarían de no prosperar la recusación.

La acusación popular de la querella Bárcenas recuerda que el derecho a un juez imparcial constituye una de las garantías más básicas del estado de derecho. Pero, además, para estas organizaciones, justo en el momento que se está enjuiciando a las tramas corruptas que nos han traído a la situación actual de crisis política, social y económica, es cuando la justicia debe mostrarse más imparcial y objetiva si no se quiere continuar ahondando en la desafección ciudadana.

Los querellantes de los Papeles de Bárcenas acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Querella Bárcenas. Madrid, 31 julio 2015

 

Las organizaciones querellantes sobre la financiación irregular del PP acuden, por medio de la Comisión de Derechos Civiles y Sociales de la Asociación Libre de Abogados, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde han presentado una demanda.

 

Las organizaciones querellantes han venido denunciando ante todas las instancias judiciales del Estado español la actuación de los magistrados frente a los que esta parte se querelló (Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional). Consideran su actuación irregular y plagada de actuaciones que vulneraban los cauces legal y procesalmente previstos, no habiendo sido investigada dicha actuación con una mínima instrucción por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dado su aforamiento, ni analizadas dichas irregularidades por esa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en un caso en que deben enjuiciar a sus propios compañeros.

 

Es por este motivo y ante la imposibilidad de respuesta alguna por los órganos judiciales españoles, por lo que se ha presentado dicha demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se denuncia la vulneración tanto del artículo 6.1 como el 13 del convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

 

En ese sentido, la demanda muestra la vulneración del derecho a un proceso equitativo en su vertiente de igualdad de armas y de juez imparcial en sus aspectos objetivo y subjetivo, algo que tiene ahora una mayor relevancia pues uno de los magistrados objeto de la misma, y con evidentes y notorias vinculaciones con el Partido Popular, será el previsible ponente en el presente procedimiento, aunque dichas actuaciones no afectase a los procesados más que para beneficiarles.

 

Fueron cinco organizaciones las que en su día suscribieron la llamada Querella Bárcenas: Izquierda Unida, Asociación Libre De Abogados (ALA), Ecologistas En Acción, Federación “Los Verdes, Els Verds, Berdeak, Os Verdes” y Asociación Justicia y Sociedad. Esta acción permitió que se iniciase, investigase y llegase hasta el juicio oral, por delitos tales como organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito electoral, entre otros.

 

Por este motivo, las organizaciones querellantes consideran que no pueden más que seguir avanzando en la exigencia de Justicia, para que se responda penalmente por los hechos objeto de la querella y que se respeten las garantías de la ciudadanía. Y más cuando son estas organizaciones, actuando como acusación popular, las que han impulsado algo que ni desde Fiscalía ni desde otros estamentos se promovió: la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia y de los derechos civiles y sociales de las personas.

LAS ORGANIZACIONES DE LA QUERELLA BÁRCENAS PRESENTAN ESCRITO DE ACUSACIÓN PARA EVITAR UN SOBRESEIMIENTO ESCANDALOSO

La acusación popular cuya querella dio lugar a la pieza separada conocida como los “papeles de Bárcenas”, ha presentado un escrito de acusación contra 26 personas, entre las que se incluyen a los actuales o anteriores directivos de algunas de las grandes constructoras y a políticos como Ángel Acebes. Discrepan del sobreseimiento decretado por el juez Ruz sobre casi todos ellos y señalan como escandaloso que se pretenda solventar un caso tan claro imputando exclusivamente a dos tesoreros y a una empresa de arquitectura.

En el escrito se recuerdan todos los delitos presuntamente cometidos por todas aquellas personas que han resultado imputadas, y de forma especial (y cautelar, puesto que el juez Ruz los dejó fuera del procedimiento en su último auto), contra los empresarios de las constructoras pagadoras, así como contra Ángel Acebes como Secretario General del PP. El sobreseimiento decidido por Pablo Ruz no es firme, y esta acusación popular considera que hay argumentos más que fundados para que la Audiencia Nacional decidiera rechazarlo.

De este modo, en el escrito, las organizaciones querellantes formulan acusación por la constitución de una organización criminal, según el artículo 570 del Código Penal. Consideran, y así lo argumentan, que dentro del Partido Popular se constituyó una organización criminal, al menos entre 1991 y 2008, constituida al menos por sus tesoreros, gerentes y secretarios generales. Su fin era, presuntamente, recaudar ilícitamente fondos para pagar campañas electorales al margen de la ley, puesto que no se informaba al Tribunal de Cuentas de estos gastos electorales, lo cual supuso clara ventaja sobre el resto de opciones políticas durante las campañas previas a las elecciones. También hay presunción de que el fin de estos fondos era el pago de sobresueldos opacos a la Hacienda Pública y acometer diversos gastos de funcionamiento del partido.

Del mismo modo, los empresarios pagadores, que quedan al margen del proceso en el auto de Pablo Ruz, formaban parte de esta organización criminal. Y a cambio de los pagos que realizaban, también presuntamente obtenían para sus empresas jugosos contratos de obra pública, a menudo grandes infraestructuras de transporte desarrolladas por los Gobiernos central y autonómicos. Además de que claramente condicionaban una política de infraestructuras que se ha demostrado tremendamente onerosa para las arcas del Estado y poco útil desde el punto de vista del interés general o de la equidad social.

Para las organizaciones de la acusación popular resulta claro que los presidentes del PP estaban al tanto de estas dinámicas, así como que el Partido Popular ha cometido un claro delito fiscal. Los pagos no eran donaciones, sino ingresos extraordinarios irregulares. Jamás han tenido los requisitos para ser considerados donaciones, puesto que los realizaron empresas que contrataban en esos momentos con la administración, debería haberse identificado a los pagadores y además con frecuencia excedían los límites permitidos por la ley para las donaciones (60.000 euros hasta 2007 y 100.000 a partir de entonces).

Las organizaciones querellantes –Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, la Federación de Los Verdes y Justicia y Sociedad– consideran una auténtica vergüenza que la justicia pretenda solventar un caso tan escandaloso acusando solo a los tesoreros y a los responsables de la empresa de arquitectura Unifica, casualmente la única empresa que no participaba en la organización criminal. Por ello, anuncian que seguirán con su ardua tarea de recurrir y denunciar dentro de los márgenes legales, hasta que los verdaderos responsables de este expolio de fondos públicos paguen por sus delitos.

Dos años

 

 

 

 

 

 

Dos años llevamos ya desde que, el último día de febrero de 2013, cinco organizaciones* interpusimos una querella contra buena parte de los políticos y constructores que aparecían reflejados en los “papeles de Bárcenas”.

Han sido dos años de un trabajo muy intenso, que ha tenido consecuencias muy relevantes: se paró el reloj de la prescripción de muchos delitos, la querella ha provocado que el caso Bárcenas estuviera en candelero de forma continuada, hemos conseguido que ya haya 32 imputados, entre ellos, algunos de los presidentes o expresidentes de las mayores constructoras españolas, como OHL, Sacyr o FCC, además de importantes cargos del Partido Popular. También que el juez instructor dé por hecho que el PP mantenía una contabilidad B.

Ahora afrontamos un momento crucial: Luis Bárcenas está en libertad, al tiempo que hay serias dudas sobre la continuidad de Ruz en la instrucción. Todo parece indicar que la acción de la acusación popular va a ser más importante que nunca.

Para hacer un balance de lo que han supuesto estos dos años, de lo conseguido y de lo que nos resta por avanzar, de las dificultades y zancadillas con que nos encontramos, estamos organizando un acto muy especial: combinar la representación de la obra Ruz-Bárcenas, con un acto informativo en el que valoremos la situación.

 ¡Nos vemos!

Fecha: martes, 3 de marzo

Lugar: Teatro del Barrio (C/ Zurita, 20, Madrid)

Horario:

  • 19:00 h, representación teatral y, a continuación
  • 20:30 h mesa redonda informativa

Entrada libre, aunque agradecemos una contribución para sufragar los gastos de los actores (cuota recomendada, 7 euros).

(*) #QuerellaBárcenas: Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Federación Los Verdes, Justicia y Sociedad.

Obra: Ruz-Bárcenas

de Jordi Casanovas, dirección Alberto San Juan

Intérpretes: Pedro Casablanc y Manolo Solo

Escenografía y vestuario Teatro del Barrio / iluminación Raúl Baena

Coproducción Teatre Lliure y Teatro del Barrio

Duración 1h. 10' sin pausa.

 

Ante el escandalo de la desaparición de la causa de los ordenadores de Bárcenas

18 de febrero de 2015

Las organizaciones que se querellaron contra el responsables del PP y el propio partido por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas que se encontraban en la sede de Genova denuncian la extrema gravedad que supone el extravío en la sede de los juzgados de Madrid del expediente judicial sobre la causa abierta por encubrimiento y daños informáticos, lo que siembra serias dudas sobre la diligencia de la justicia para esclarecer la verdad. Por ese motivo, anuncian que proseguirán sus actuaciones legales junto con iniciativas para recabar el apoyo popular a esta causa.

Las organizaciones y entidades sociales (Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad y Federación de Los Verdes) que han impulsado la querella contra dirigentes del PP y el propio Partido Popular, quieren trasladar al conjunto de la sociedad su valoración sobre el extravió en la sede de los juzgados de Madrid del expediente judicial sobre la causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid por delitos de encubrimiento y daños informáticos derivados de la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas así como de otras pruebas, todo ello después de que el propio Juzgado Central de Instrucción (JCI) nº 5, que actualmente dirige el Juez Ruz, remitiese al decanato de los juzgado de Madrid testimonio de las actuaciones llevadas en su juzgado y que pudieran ser susceptibles de delitos de encubrimiento y daños informáticos y que debieran ser investigados por los juzgados de Madrid.

La querella se presentó el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.

Queremos manifestar nuestra absoluta indignación ante un hecho de notoria gravedad como es la inexplicable desaparición de una causa de gran relevancia judicial y social. Exigimos que por parte del poder judicial se de la explicaciones necesarias para aclarar que es lo que ha sucedido para que la acción de la justicia quede en tan grave desprestigio, además dar urgir a los tribunales para que después de haber entorpecido la investigación se de una solución rápida y eficaz para que se resuelvan de la forma mas célere posible los recursos de apelación interpuestos.

Debemos recordar que la querella se interpuso en su momento por el borrado de los ordenadores de Bárcenas y la destrucción "grave y relevante" de otras pruebas pedidas por el juez Pablo Ruz contra Carmen Navarro, actual gerente y tesorera del PP, y persona de la máxima confianza de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Navarro fue la encargada de la delicada investigación interna de las cuentas del partido tras desvelarse la existencia de una contabilidad B en los papeles de Bárcenas, un trabajo que contentó a sus jefes al no encontrar ninguna irregularidad.

Asimismo, la querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacia posible.

La querella señala que, de los elementos probatorios e indiciarios acumulados en la causa, se puede concluir que Carmen Navarro "ha tenido participación en la destrucción u ocultación de diferentes soportes materiales con alcance probatorio, todo ello por acción u omisión directa" y "con absoluto conocimiento" de las investigaciones criminales que se seguían contra Bárcenas y otras personas vinculadas al PP.

El compromiso de las organizaciones querellantes es seguir impulsando la investigación de las relaciones supuestamente lucrativas entre el PP, sus dirigentes y el poder del ladrillo, así como todas la ilegalidades cometidas por el Partido Popular para encubrir los hechos y dificultar la acción de la justicia. Por este motivo, al mismo tiempo que nos reafirmamos en nuestra querella y en sus planteamientos, demandamos un claro apoyo social, necesario para contrarrestar las fuerzas que tratan de echar tierra sobre estos presuntos delitos.

Tags: 

Comunicado - Inaceptable e injustificable excarcelación de Bárcenas

periodistadigital.com [http://www.periodistadigital.com/imagenes/2013/12/24/luis-barcenas-en-la-carcel.jpg]

 

 

 

 

 

 

Madrid, 21 de enero de 2014.

Con fecha 20 de enero de 2015 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado Auto acordando el fin de la prisión provisional y por tanto la libertad de Luis Bárcenas, fijando la imposición de una fianza de 200.000 euros y la obligación del procesado de comparecer tres días por semana ante el juzgado.

La resolución judicial ha sido dictada a pesar de que los magistrados que la acuerdan entienden que Luis Bárcenas no ha colaborado con la instrucción de la causa, habiendo mostrado “opacidad” en la “cadena  de declaraciones vagas y confusas que ha prestado en el devenir procesal”, siendo evidente para las entidades que componen esta acusación popular que con su puesta en libertad se incrementa el riesgo de ocultación de pruebas de cargo. Estiman además los magistrados que no existe riesgo de fuga para un reo que hasta la fecha ha sustraído a la acción de la justicia al menos 48 millones de euros que llegó a acumular en sus cuentas suizas, cantidad que obviamente no ha sido obtenida por Bárcenas como resultado de su trabajo. Tras considerar que la falta de antecedentes penales y el arraigo “laboral” en España -desconocido para todos los españoles- mitigan el riesgo de fuga del procesado, impone una fianza para alcanzar la libertad a todas luces irrisoria atendiendo a la cantidad de dinero negro acumulado por Luis Bárcenas solo en Suiza.

En los 19 meses transcurridos desde que Bárcenas ingresó en prisión, hemos asistido cual profecía, al cumplimiento de todos los extremos del acuerdo propuesto en su día por el Partido Popular a Luis Bárcenas para que “resistiera”, “fuera fuerte”, y en resumen se callara lo que sabía respecto a la implicación en el caso de la cúpula dirigente del PP. Según  explicó Bárcenas en sede judicial en el mes de julio de 2013, el acuerdo propuesto garantizaba, a cambio de su silencio, que su mujer no ingresaría en prisión, que el entonces Ministro de Justicia dejaría de serlo y que la causa –la primera contra él que llega a juicio- se anularía, siendo lo cierto que ésta se encuentra en una fase procesal que bien puede dar lugar a la declaración de nulidad de las actuaciones que también se le ofreció, como ya ocurrió a principios de los años 90 con la previa causa judicial en la que estuvieron acusados sus antecesores como tesoreros en el PP, el llamado Caso Naseiro, que concluyó sin sentencia al ser anuladas por el Tribunal Supremo las pruebas de cargo existentes. Es decir, acabó en la impunidad. Nos falta por comprobar si el último punto de la propuesta de acuerdo hecha por el PP y denunciada por Bárcenas en su día, la posibilidad de que éste conservara el 25% de las cantidades depositadas en Suiza, va también a cumplirse. En dicho caso, esta acusación se pregunta quién va a quedarse con el 75% restante de los 48 millones de euros que trasegaron por las cuentas de Bárcenas en el país Helvético.

Ni la gravedad de la acusación presentada por el Fiscal contra Barcenas, 42 años de prisión por al menos 5 delitos, ni la gravedad de estos  -cohecho, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y estafa procesal- ni las otras múltiples y graves acusaciones contra el procesado existentes en las distintas piezas separadas de la causa Gürtel -como la Contabilidad B del PP o “papeles de Bárcenas”, la trama Valenciana de Gürtel, u otras muchas y muy graves existentes-, ni el más que evidente riesgo de fuga del Sr. Bárcenas cuya existencia pretende justificarse en el auto dictado a través de un manuscrito del imputado han podido impedir que nuevamente hoy la sociedad española asista con indignación a un nuevo capítulo de impunidad para los poderosos y quienes nos han venido gobernando a base de saqueos y recortes de presupuestos y amputación de servicios sociales. El empobrecimiento de los españoles ha ido acompañado simultáneamente del enriquecimiento de la oligarquía saqueadora y gobernante en todos los ámbitos de este país, llegando a  niveles impúdicos y que deben ser denunciados.

Tras la argumentación realizada en el auto para la puesta en libertad de Bárcenas, la realidad de lo que está investigado y acreditado, lo manifestado por el imputado durante el periodo de instrucción, todo parece indicar que el PP inicia el año electoral 2015 habiendo podido sellar la boca de su ex Tesorero mediante la compra de su silencio.

#QUERELLA BARCENAS

ASOCIACION LIBRE DE ABOGADOS, IZQUIERDA UNIDA, ECOLOGISTAS EN ACCION,  LOS VERDES, ASOCIACION JUSTICA Y SOCIEDAD

Querella Bárcenas: apartar a Ruz, colofón de las trabas a la investigación

11 de diciembre de 2014

Las organizaciones que ejercen la acusación popular en la llamada Querella Bárcenas denuncian los múltiples obstáculos de este proceso judicial, y que ahora culminan apartando al juez Pablo Ruz de la instrucción. Anuncian movilizaciones y actos de protesta para que trascienda públicamente esta escandalosa situación, que muestra cómo se trabaja desde las instituciones para conseguir que los presuntos delitos queden impunes.

Hace casi dos años, a finales de febrero de 2013, se presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra varios responsables del Partido Popular y presidentes de grandes empresas constructoras por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados “papeles de Bárcenas”, publicados un mes antes. Como es sabido, la querella se interpuso por cinco organizaciones, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, la Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad.

El ingente trabajo de la acusación popular así como la instrucción que ha venido desarrollando el juez Ruz ha permitido acreditar 59 apuntes de los recogidos en los papeles del extesorero del PP e imputar a 31 personas, así como que se dé por hecho que existió una contabilidad B en el partido del Gobierno. Pero no es menos cierto que las dificultades impuestas por el PP y las instituciones que controla han hecho muy difícil este trabajo.

Para empezar, se optó por sumar la “causa Bárcenas” al caso Gürtel para evitar que cayera en manos del juez Gómez Bermúdez, no sin flagrantes irregularidades y saltándose los criterios de reparto de casos de la Audiencia Nacional. Por otro lado, el ministerio fiscal ha venido trabajando más como la defensa de los imputados que ejerciendo su papel de custodia de los intereses colectivos. Y sin olvidar que durante la instrucción se han producido nada menos que tres sustituciones en la cúpula de la UDEF (la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) presumiblemente para conseguir un mayor control gubernamental en lo que se investigaba.

Tampoco queremos dejar en el tintero otras maniobras del Partido Popular, como las misteriosas desapariciones de agendas y los registros de ingresos en la sede madrileña del PP o el formateado y desaparición de discos duros. Ni su resistencia a entregar la información solicitada por el juez instructor, que llevó a Ruz a ordenar el registro de la sede central del PP de la calle Génova. O las propias amenazas de querellarse contra la acusación popular, algo que sí que han intentado, sin éxito, políticos como Álvarez-Cascos.

A pesar de todas estas trabas, las cinco organizaciones querellantes hacíamos un balance positivo de lo conseguido hasta ahora. Y claramente el PP y el Gobierno hacían una lectura contraria, viendo cómo los casos de corrupción que presuntamente muestran los papeles de Bárcenas acorralaban a políticos populares y constructores: ahí está la clave del cese en tres meses del juez Ruz, pues no es otra cosa lo que se ha decidido en Comisión Permanente del Poder Judicial.

La Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad y Los Verdes, junto a las 27.000 personas que han apoyado públicamente la querella, comprobamos una vez más con estupefacción como los poderosos maniobran para que la justicia no les alcance.

Pero no queremos permitirlo. Las organizaciones promotoras de la Querella Bárcenas realizaremos todo tipo de actos de denuncia pública para que trascienda esta escandalosa situación que muestra cómo se trabaja desde las instituciones para conseguir que los presuntos delitos queden impunes. Y es que esta querella estaba permitiendo apuntar con claridad a quiénes son los auténticos responsables de la crisis, los culpables de una enorme transferencia de dinero público a unos pocos bolsillos, a través de actividades ilícitas.

Las organizaciones promotoras de la Querella Bárcenas reafirman su compromiso de avanzar hasta las últimas consecuencias

27 de octubre de 2014

La instrucción judicial sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular continúa avanzando y aumentando el número de imputados gracias a la presión ejercida por las organizaciones que interpusieron la querella –Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad y Los Verdes–, con el apoyo de más de 27.000 personas.

Este martes, 28 de octubre, declararán en la Audiencia Nacional como imputados Ángel Acebes, exsecretario general del PP, Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, y Álvaro Vilela presidente de la constructora Rubau. También declaran como testigos Alberto Recarte (expresidente de Libertad Digital, LD), y Alberto Dorrego y Borja García Nieto (accionistas de LD). Todos ellos en relación con la aparición de posibles movimientos financieros con dinero de la “caja B” del PP y otras actuaciones de este partido con respecto al diario electrónico Libertad Digital.

El juez instructor también ha imputado al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, por la supuesta adjudicación de determinados contratos a la filial de Sacyr Sufi, que declarará como imputado el 24 de noviembre, y que también aparecen en la contabilidad del Partido Popular elaborada por su extesorero Luis Bárcenas. Además, la investigación acaba de revelar que se abonaron con dinero negro otros 750.000 € para la reforma de la sede del partido en la calle Génova.

Ante este cúmulo de datos, evidencias e imputados que no cesa de crecer, las organizaciones firmantes de la querella y las 27.000 personas que la han apoyado nos mantenemos firmes en la petición de diligencias y en la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular a cambio de contrataciones de obras y servicios.

Para las personas que impulsamos esta querella, la importancia de esta instrucción es sustancial para determinar quiénes son algunos de los auténticos responsables de la crisis, los culpables de una enorme transferencia de dinero público a unos pocos bolsillos, a través de actividades ilícitas. La regeneración y reconstrucción de la democracia no es posible sin investigar hasta el fondo los hechos que nos han llevado hasta esta situación y la depuración de todas las responsabilidades.

Las organizaciones promotoras de la Querella, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad y Los Verdes, junto a las 27.000 personas que la han apoyado, reafirman su compromiso de seguir trabajando no solo para el avance de la instrucción y el esclarecimiento de los hechos, sino para que se generen las condiciones de control social que permitan que prácticas así no puedan volver a producirse.

 

Tags: 

Páginas