Las organizaciones promotoras de la Querella Bárcenas reafirman su compromiso de avanzar hasta las últimas consecuencias

27 de octubre de 2014

La instrucción judicial sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular continúa avanzando y aumentando el número de imputados gracias a la presión ejercida por las organizaciones que interpusieron la querella –Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad y Los Verdes–, con el apoyo de más de 27.000 personas.

Este martes, 28 de octubre, declararán en la Audiencia Nacional como imputados Ángel Acebes, exsecretario general del PP, Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, y Álvaro Vilela presidente de la constructora Rubau. También declaran como testigos Alberto Recarte (expresidente de Libertad Digital, LD), y Alberto Dorrego y Borja García Nieto (accionistas de LD). Todos ellos en relación con la aparición de posibles movimientos financieros con dinero de la “caja B” del PP y otras actuaciones de este partido con respecto al diario electrónico Libertad Digital.

El juez instructor también ha imputado al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, por la supuesta adjudicación de determinados contratos a la filial de Sacyr Sufi, que declarará como imputado el 24 de noviembre, y que también aparecen en la contabilidad del Partido Popular elaborada por su extesorero Luis Bárcenas. Además, la investigación acaba de revelar que se abonaron con dinero negro otros 750.000 € para la reforma de la sede del partido en la calle Génova.

Ante este cúmulo de datos, evidencias e imputados que no cesa de crecer, las organizaciones firmantes de la querella y las 27.000 personas que la han apoyado nos mantenemos firmes en la petición de diligencias y en la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular a cambio de contrataciones de obras y servicios.

Para las personas que impulsamos esta querella, la importancia de esta instrucción es sustancial para determinar quiénes son algunos de los auténticos responsables de la crisis, los culpables de una enorme transferencia de dinero público a unos pocos bolsillos, a través de actividades ilícitas. La regeneración y reconstrucción de la democracia no es posible sin investigar hasta el fondo los hechos que nos han llevado hasta esta situación y la depuración de todas las responsabilidades.

Las organizaciones promotoras de la Querella, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad y Los Verdes, junto a las 27.000 personas que la han apoyado, reafirman su compromiso de seguir trabajando no solo para el avance de la instrucción y el esclarecimiento de los hechos, sino para que se generen las condiciones de control social que permitan que prácticas así no puedan volver a producirse.

 

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El mundo al revés: petición de cárcel por tratar de esclarecer el caso Bárcenas

14 de mayo de 2014

Los colectivos responsables de la querella Bárcenas apoyan incondicionalmente a su abogado

Convocan una concentración de apoyo el viernes en los juzgados de Plaza de Castilla

Álvarez Cascos pide prisión y fianza de 20.000 euros a Enrique Santiago, uno de los abogados de la Querella Bárcenas. Las organizaciones responsables de la querella ratifican el apoyo incondicional a su abogado, así como que continuarán en su trabajo para permitir que se determinen los verdaderos culpables de este presunto caso de corrupción política y despilfarro de fondos públicos.

Se acaba de citar a declarar como querellado a Enrique Santiago, uno de los abogados del equipo jurídico que lleva de la acusación popular en la llamada Querella Bárcenas. Y quien le acusa es Francisco Álvarez-Cascos, actual presidente de Foro Asturias, pero durante muchos años, y en particular los que recogen los papeles de Bárcenas, alto responsable del Partido Popular.

Como es sabido, los papeles de Bárcenas presuntamente recogen cobros de empresarios y sobresueldos a miembros del Partido Popular entre 1990 y 2009. Pues bien, durante este periodo Francisco Álvarez-Cascos ocupó las más altas responsabilidades de partido y también de Gobierno. Efectivamente, fue tesorero en funciones del Partido Popular entre 1990 y 1993, Secretario General de 1989 a 1999;  vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia en la primera legislatura de Aznar (1996 -2000), así como ministro de Fomento en la segunda (2000 - 2004). Resulta chocante que Álvarez Cascos permaneciera absolutamente ajeno a la presunta contabilidad B que reflejan los papeles de Bárcenas y más aún cuando fue ministro de Fomento, ya que la mayor parte de los pagos provenían de grandes constructoras.

También resulta chocante que la persona más citada en los papeles de Bárcenas sea Paco A.C. (con distintas variaciones como PAC, Paco A. Cascos, etc.), con nada menos que 79 menciones, y en sus declaraciones de julio del año pasado y de abril de este año Luis Bárcenas atribuye estas anotaciones a pagos o cobros del exministro de Fomento. En cuanto a la causa Gürtel, el Juez Ruz pidió un informe específico a la UDEF para determinar a qué identidad correspondían las muy repetidas siglas “PAC”. Este informe (08.919 Udef-Bla, de fecha 31/01/2014) concluye que “Analizadas en su conjunto todos estos elementos permiten inferir a nivel indiciario que la persona cuya identidad se oculta bajo las siglas ‘PAC’, en los documentos intervenidos en el marco de las D.PV. 275/´08 se trata del llamado Francisco (Paco) Álvarez Cascos”, si bien recomienda hacer más investigaciones “al objeto de profundizar en tal inferencia”.

Sin embargo, paradojas de los procedimientos judiciales, es ahora Álvarez-Cascos quien solicita para Enrique Santiago prisión preventiva y una fianza de 20.000 euros por haberlo implicado en la presunta financiación ilegal del Partido Popular, así como en el cobro de algunas de las donaciones irregulares que se recogen los papeles de Bárcenas.

En el escrito en el que formaliza la acusación de calumnias e injurias contra Enrique Santiago, se manifiesta que no es “posible explicar la amargura, angustia, el desánimo y el daño que todas estas manifestaciones en los medios de comunicación producen en la honorabilidad y personalidad de Don Francisco Álvarez-Cascos y de su familia” para así justificar la petición de penas contra el abogado de la acusación popular.

Las cinco organizaciones querellantes (IU, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Federación de Los Verdes) quieren dejar claro que respaldan por completo a Enrique Santiago, y que sus manifestaciones son compartidas tanto por todo el equipo de abogados como por las organizaciones querellantes, y que solo tratan de esclarecer la verdad en este oscuro asunto. Tanto es así que en la ampliación de la querella que presentaron el 18 de septiembre de 2013 incluyeron a Francisco Álvarez-Cascos, pidiendo que se investigara su presunta participación ilícita en esta presunta trama de financiación ilegal.

Tampoco ha sido la primera vez que estas organizaciones reciben la amenaza de una querella por injurias y calumnias. El propio Partido Popular ya anunció una contra las cinco entidades, aunque aún no se ha materializado.

Para arropar a su abogado, las cinco organizaciones querellantes, hacen un llamado a la ciudadanía para realizar una concentración de apoyo el próximo viernes (16 mayo) a las 10:30 h en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), donde tendrá lugar la declaración.

Un año de #QuerellaBarcenas

Hace hoy un año que cinco organizaciones, Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad y Federación Los Verdes, decidieron interponer una querella criminal contra diferentes responsables del Partido Popular y empresarios de la construcción por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados papeles de Bárcenas.

365 días de la “Querella Bárcenas”

Un balance de lo conseguido durante este año

Cuando se cumple un año de la presentación de la conocida como “Querella Bárcenas”, las cinco organizaciones querellantes hacen un balance muy positivo de lo conseguido hasta ahora. Y ello a pesar de la poca colaboración e incluso trabas por parte de instancias que deberían ser aliadas en el esclarecimiento de la verdad, como es el caso de la Fiscalía.

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