LAS ORGANIZACIONES DE LA QUERELLA BÁRCENAS PRESENTAN ESCRITO DE ACUSACIÓN PARA EVITAR UN SOBRESEIMIENTO ESCANDALOSO

La acusación popular cuya querella dio lugar a la pieza separada conocida como los “papeles de Bárcenas”, ha presentado un escrito de acusación contra 26 personas, entre las que se incluyen a los actuales o anteriores directivos de algunas de las grandes constructoras y a políticos como Ángel Acebes. Discrepan del sobreseimiento decretado por el juez Ruz sobre casi todos ellos y señalan como escandaloso que se pretenda solventar un caso tan claro imputando exclusivamente a dos tesoreros y a una empresa de arquitectura.

En el escrito se recuerdan todos los delitos presuntamente cometidos por todas aquellas personas que han resultado imputadas, y de forma especial (y cautelar, puesto que el juez Ruz los dejó fuera del procedimiento en su último auto), contra los empresarios de las constructoras pagadoras, así como contra Ángel Acebes como Secretario General del PP. El sobreseimiento decidido por Pablo Ruz no es firme, y esta acusación popular considera que hay argumentos más que fundados para que la Audiencia Nacional decidiera rechazarlo.

De este modo, en el escrito, las organizaciones querellantes formulan acusación por la constitución de una organización criminal, según el artículo 570 del Código Penal. Consideran, y así lo argumentan, que dentro del Partido Popular se constituyó una organización criminal, al menos entre 1991 y 2008, constituida al menos por sus tesoreros, gerentes y secretarios generales. Su fin era, presuntamente, recaudar ilícitamente fondos para pagar campañas electorales al margen de la ley, puesto que no se informaba al Tribunal de Cuentas de estos gastos electorales, lo cual supuso clara ventaja sobre el resto de opciones políticas durante las campañas previas a las elecciones. También hay presunción de que el fin de estos fondos era el pago de sobresueldos opacos a la Hacienda Pública y acometer diversos gastos de funcionamiento del partido.

Del mismo modo, los empresarios pagadores, que quedan al margen del proceso en el auto de Pablo Ruz, formaban parte de esta organización criminal. Y a cambio de los pagos que realizaban, también presuntamente obtenían para sus empresas jugosos contratos de obra pública, a menudo grandes infraestructuras de transporte desarrolladas por los Gobiernos central y autonómicos. Además de que claramente condicionaban una política de infraestructuras que se ha demostrado tremendamente onerosa para las arcas del Estado y poco útil desde el punto de vista del interés general o de la equidad social.

Para las organizaciones de la acusación popular resulta claro que los presidentes del PP estaban al tanto de estas dinámicas, así como que el Partido Popular ha cometido un claro delito fiscal. Los pagos no eran donaciones, sino ingresos extraordinarios irregulares. Jamás han tenido los requisitos para ser considerados donaciones, puesto que los realizaron empresas que contrataban en esos momentos con la administración, debería haberse identificado a los pagadores y además con frecuencia excedían los límites permitidos por la ley para las donaciones (60.000 euros hasta 2007 y 100.000 a partir de entonces).

Las organizaciones querellantes –Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, la Federación de Los Verdes y Justicia y Sociedad– consideran una auténtica vergüenza que la justicia pretenda solventar un caso tan escandaloso acusando solo a los tesoreros y a los responsables de la empresa de arquitectura Unifica, casualmente la única empresa que no participaba en la organización criminal. Por ello, anuncian que seguirán con su ardua tarea de recurrir y denunciar dentro de los márgenes legales, hasta que los verdaderos responsables de este expolio de fondos públicos paguen por sus delitos.