Comunicado

Balance de cinco años de la 'Querella Bárcenas'

27 de febrero de 2018

  • Las organizaciones de la acusación popular, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, hacen balance de lo conseguido hasta la fecha. 
  • La acción popular se ha visto dificultada por las trabas que ha planteado el Gobierno haciendo uso de todos los poderes del Estado
  • Pero ha habido importantes éxitos y avances. Se han acreditado como ciertos muchos apuntes, y se ha imputado al Partido Popular en el caso de los ordenadores de Bárcenas.

El 28 de febrero de febrero de 2013 varias organizaciones presentamos ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra varios responsables del Partido Popular y un buen número de presidentes de grandes empresas constructoras por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados "papeles de Bárcenas", publicados en la prensa justo un mes antes. 

Con su casi inmediata admisión a trámite se cumplió uno de los objetivos de la acusación popular: evitar que siguieran prescribiendo los delitos que se deducían de los manuscritos del extesorero del PP. Se paraba así el reloj de la prescripción de los presuntos cohechos, tráficos de influencias, prevaricaciones y otros delitos que se han ido sustanciando a medida que avanzan las diligencias.

La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos al PP que aparecen en estos papeles presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública. Ahí está el ejemplo de las autopistas de peaje, quebradas por falta de tráfico, y que estamos rescatando con fondos públicos. Todas ellas se licitaron mientras Álvarez Cascos era ministro de Fomento, y muchos de los constructores aparecen como donantes en los manuscritos de Bárcenas en las fechas en las que se adjudicaron las obras.

Durante los 5 años que lleva abierta la causa, las organizaciones querellantes han tenido que hacer frente a un sinfín de obstáculos que casi siempre buscaban proteger a los presuntos delincuentes que aparecían en estos papeles. Amenazas del PP de querellarse por injurias y calumnias contra la acusación popular, que luego no se sustanciaron; querella de un demandado, Álvarez Cascos, contra un abogado de nuestro equipo, Enrique Santiago, que finalmente se desestimó; etc. La Fiscalía no solo no actuó de oficio una vez se publicaron los Papeles de Bárcenas, sino que durante la mayor parte del proceso ha intervenido más bien como parte defensora de los imputados. 

A esta relación hay que añadir los "sospechosos" cambios en la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía), tres relevos del inspector jefe durante estos cinco años; la misteriosa desaparición del expediente judicial de la pieza separada de los ordenadores de Bárcenas; o los intentos constantes de colocar en la causa a jueces próximos al PP, como el caso de los magistrados López, Espejel y González, todos ellos recusados por la acusación popular.

Otra dificultad fue la forma en que Ruz cerró la instrucción, tras algo más de dos años de investigación. En las primeras fases de la instrucción hubo 36 imputados, incluyendo a los presidentes de las principales constructoras de este país -Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, Luis del Rivero, de Sacyr, etc.- junto con altos responsables del PP.  Pero en abril de 2015 este juez concluyó que no se había acreditado la vinculación entre las donaciones ilegales y la adjudicación de grandes contratos de obra pública, y eso a pesar de que en muchos casos la "donación" se producía el mismo día en que la licitación a la empresa beneficiada se publicaba en el BOE. De este modo quedaron solo seis imputados, todos ellos en relación a la reforma de la sede central del PP en Madrid, presuntamente realizada con fondos opacos.

Tampoco se entienden bien los motivos para que en enero de 2015 la Audiencia Nacional acordara el fin de la prisión provisional de Luis Bárcenas. Paradójicamente, los magistrados señalaban que el extesorero no había colaborado con la instrucción de la causa, además de conocerse que acumuló hasta 48 millones de euros en sus cuentas suizas.

A pesar de todas estas zancadillas, la acusación popular ha promovido más de 200 diligencias, ha seguido profundizando en las piezas separadas que han surgido, como la de los ordenadores de Bárcenas, en la que se ha imputado al propio Partido Popular, o la que investiga la presunta financiación ilegal de la campaña de Cospedal en Toledo ligada a un contrato de recogida de basuras. Del mismo modo, se ha conseguido acreditar la veracidad de un gran número de apuntes de los papeles de Bárcenas, sin que ninguno hasta la fecha se haya demostrado como falso. 

Además, las conexiones de los Papeles de Bárcenas con otras causas abiertas como Gürtel, Lezo o Púnica, han permitido reabrir el caso en la Audiencia Nacional y volver a investigar a constructores y políticos ante las nuevas evidencias de sus presuntas conductas delictivas.

Para las organizaciones de la acusación popular, todo lo que se ha ido conociendo durante estos cinco años -cuentas en Suiza de constructores y políticos, puertas giratorias, nuevos escándalos de corrupción- nos indican que lo que se investiga en este proceso tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Confirma lo que ya sospechábamos: que los recortes que desde años se aplican sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen su origen en el despilfarro de fondos públicos que ha permitido el enriquecimiento de unos pocos. Por ello, esperamos que nuestro trabajo, como expresión de la voz de la ciudanía, consiga hacer pagar su responsabilidad a los culpables de esta injusta situación.

CONVOCATORIA: para hacer un balance de los logros de la querella y de sus perspectivas futuras, la acusación popular organiza un acto informativo el martes 13 de marzo, a las 19 h, en el Teatro del Barrio, C/ Zurita 20, Madrid.

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La acusación popular pide reabrir el caso de la financiación ilegal del PP a cambio de adjudicaciones de obra pública

26 de noviembre de 2015

Los colectivos que iniciaron la conocida como 'querella Bárcenas', la acusación popular formada por la Asociación Libre de Abogados, IU, Ecologistas en Acción y Los Verdes, han solicitado este jueves 26 de noviembre la reapertura de las diligencias previas en la pieza separada de los papeles de Bárcenas. Consideran que las recientes declaraciones de Correa confirman lo que han venido señalando desde el principio: que los responsables de grandes empresas constructoras presuntamente financiaron de forma ilícita al Partido Popular a cambio de la adjudicación de obras públicas

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Otra recusación contra los magistrados López y Espejel

14 de septiembre de 2015

Los colectivos que iniciaron la conocida como “querella Bárcenas”, la acusación popular formada por la Asociación Libre de Abogados, IU, Ecologistas en Acción y Los Verdes, han presentado una recusación contra Enrique López y Concepción Espejel. Estos dos magistrados son miembros de la sección de la Audiencia Nacional que juzgará este caso, y a juicio de estas organizaciones no serían parciales a la hora de enjuiciar a la cúpula económico administrativa del Partido Popular y al propio partido, que está encausado como responsable civil.

Ante el escandalo de la desaparición de la causa de los ordenadores de Bárcenas

18 de febrero de 2015

Las organizaciones que se querellaron contra el responsables del PP y el propio partido por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas que se encontraban en la sede de Genova denuncian la extrema gravedad que supone el extravío en la sede de los juzgados de Madrid del expediente judicial sobre la causa abierta por encubrimiento y daños informáticos, lo que siembra serias dudas sobre la diligencia de la justicia para esclarecer la verdad. Por ese motivo, anuncian que proseguirán sus actuaciones legales junto con iniciativas para recabar el apoyo popular a esta causa.

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Las organizaciones promotoras de la Querella Bárcenas reafirman su compromiso de avanzar hasta las últimas consecuencias

27 de octubre de 2014

La instrucción judicial sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular continúa avanzando y aumentando el número de imputados gracias a la presión ejercida por las organizaciones que interpusieron la querella –Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad y Los Verdes–, con el apoyo de más de 27.000 personas.

Este martes, 28 de octubre, declararán en la Audiencia Nacional como imputados Ángel Acebes, exsecretario general del PP, Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, y Álvaro Vilela presidente de la constructora Rubau. También declaran como testigos Alberto Recarte (expresidente de Libertad Digital, LD), y Alberto Dorrego y Borja García Nieto (accionistas de LD). Todos ellos en relación con la aparición de posibles movimientos financieros con dinero de la “caja B” del PP y otras actuaciones de este partido con respecto al diario electrónico Libertad Digital.

El juez instructor también ha imputado al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, por la supuesta adjudicación de determinados contratos a la filial de Sacyr Sufi, que declarará como imputado el 24 de noviembre, y que también aparecen en la contabilidad del Partido Popular elaborada por su extesorero Luis Bárcenas. Además, la investigación acaba de revelar que se abonaron con dinero negro otros 750.000 € para la reforma de la sede del partido en la calle Génova.

Ante este cúmulo de datos, evidencias e imputados que no cesa de crecer, las organizaciones firmantes de la querella y las 27.000 personas que la han apoyado nos mantenemos firmes en la petición de diligencias y en la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular a cambio de contrataciones de obras y servicios.

Para las personas que impulsamos esta querella, la importancia de esta instrucción es sustancial para determinar quiénes son algunos de los auténticos responsables de la crisis, los culpables de una enorme transferencia de dinero público a unos pocos bolsillos, a través de actividades ilícitas. La regeneración y reconstrucción de la democracia no es posible sin investigar hasta el fondo los hechos que nos han llevado hasta esta situación y la depuración de todas las responsabilidades.

Las organizaciones promotoras de la Querella, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad y Los Verdes, junto a las 27.000 personas que la han apoyado, reafirman su compromiso de seguir trabajando no solo para el avance de la instrucción y el esclarecimiento de los hechos, sino para que se generen las condiciones de control social que permitan que prácticas así no puedan volver a producirse.

 

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