Balance de cinco años de la 'Querella Bárcenas'

27 de febrero de 2018

  • Las organizaciones de la acusación popular, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, hacen balance de lo conseguido hasta la fecha. 
  • La acción popular se ha visto dificultada por las trabas que ha planteado el Gobierno haciendo uso de todos los poderes del Estado
  • Pero ha habido importantes éxitos y avances. Se han acreditado como ciertos muchos apuntes, y se ha imputado al Partido Popular en el caso de los ordenadores de Bárcenas.

El 28 de febrero de febrero de 2013 varias organizaciones presentamos ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra varios responsables del Partido Popular y un buen número de presidentes de grandes empresas constructoras por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados "papeles de Bárcenas", publicados en la prensa justo un mes antes. 

Con su casi inmediata admisión a trámite se cumplió uno de los objetivos de la acusación popular: evitar que siguieran prescribiendo los delitos que se deducían de los manuscritos del extesorero del PP. Se paraba así el reloj de la prescripción de los presuntos cohechos, tráficos de influencias, prevaricaciones y otros delitos que se han ido sustanciando a medida que avanzan las diligencias.

La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos al PP que aparecen en estos papeles presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública. Ahí está el ejemplo de las autopistas de peaje, quebradas por falta de tráfico, y que estamos rescatando con fondos públicos. Todas ellas se licitaron mientras Álvarez Cascos era ministro de Fomento, y muchos de los constructores aparecen como donantes en los manuscritos de Bárcenas en las fechas en las que se adjudicaron las obras.

Durante los 5 años que lleva abierta la causa, las organizaciones querellantes han tenido que hacer frente a un sinfín de obstáculos que casi siempre buscaban proteger a los presuntos delincuentes que aparecían en estos papeles. Amenazas del PP de querellarse por injurias y calumnias contra la acusación popular, que luego no se sustanciaron; querella de un demandado, Álvarez Cascos, contra un abogado de nuestro equipo, Enrique Santiago, que finalmente se desestimó; etc. La Fiscalía no solo no actuó de oficio una vez se publicaron los Papeles de Bárcenas, sino que durante la mayor parte del proceso ha intervenido más bien como parte defensora de los imputados. 

A esta relación hay que añadir los "sospechosos" cambios en la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía), tres relevos del inspector jefe durante estos cinco años; la misteriosa desaparición del expediente judicial de la pieza separada de los ordenadores de Bárcenas; o los intentos constantes de colocar en la causa a jueces próximos al PP, como el caso de los magistrados López, Espejel y González, todos ellos recusados por la acusación popular.

Otra dificultad fue la forma en que Ruz cerró la instrucción, tras algo más de dos años de investigación. En las primeras fases de la instrucción hubo 36 imputados, incluyendo a los presidentes de las principales constructoras de este país -Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, Luis del Rivero, de Sacyr, etc.- junto con altos responsables del PP.  Pero en abril de 2015 este juez concluyó que no se había acreditado la vinculación entre las donaciones ilegales y la adjudicación de grandes contratos de obra pública, y eso a pesar de que en muchos casos la "donación" se producía el mismo día en que la licitación a la empresa beneficiada se publicaba en el BOE. De este modo quedaron solo seis imputados, todos ellos en relación a la reforma de la sede central del PP en Madrid, presuntamente realizada con fondos opacos.

Tampoco se entienden bien los motivos para que en enero de 2015 la Audiencia Nacional acordara el fin de la prisión provisional de Luis Bárcenas. Paradójicamente, los magistrados señalaban que el extesorero no había colaborado con la instrucción de la causa, además de conocerse que acumuló hasta 48 millones de euros en sus cuentas suizas.

A pesar de todas estas zancadillas, la acusación popular ha promovido más de 200 diligencias, ha seguido profundizando en las piezas separadas que han surgido, como la de los ordenadores de Bárcenas, en la que se ha imputado al propio Partido Popular, o la que investiga la presunta financiación ilegal de la campaña de Cospedal en Toledo ligada a un contrato de recogida de basuras. Del mismo modo, se ha conseguido acreditar la veracidad de un gran número de apuntes de los papeles de Bárcenas, sin que ninguno hasta la fecha se haya demostrado como falso. 

Además, las conexiones de los Papeles de Bárcenas con otras causas abiertas como Gürtel, Lezo o Púnica, han permitido reabrir el caso en la Audiencia Nacional y volver a investigar a constructores y políticos ante las nuevas evidencias de sus presuntas conductas delictivas.

Para las organizaciones de la acusación popular, todo lo que se ha ido conociendo durante estos cinco años -cuentas en Suiza de constructores y políticos, puertas giratorias, nuevos escándalos de corrupción- nos indican que lo que se investiga en este proceso tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Confirma lo que ya sospechábamos: que los recortes que desde años se aplican sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen su origen en el despilfarro de fondos públicos que ha permitido el enriquecimiento de unos pocos. Por ello, esperamos que nuestro trabajo, como expresión de la voz de la ciudanía, consiga hacer pagar su responsabilidad a los culpables de esta injusta situación.

CONVOCATORIA: para hacer un balance de los logros de la querella y de sus perspectivas futuras, la acusación popular organiza un acto informativo el martes 13 de marzo, a las 19 h, en el Teatro del Barrio, C/ Zurita 20, Madrid.

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Nuevas pruebas pueden permitir importantes avances en la Querella Bárcenas

6 de abril de 2017

Los colectivos que iniciaron la conocida como “Querella Bárcenas”, IU, ALA,Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Los Verdes, actuando como acusación popular, han solicitado varios medios de prueba en la pieza separada de los papeles de Bárcenas. Se trata de incorporar a esta causa las averiguaciones realizadas en el caso Púnica, lo que permitirían volver a imputar a muchos constructores que ya lo fueron en la querella inicial.

Las organizaciones que iniciaron la acusación popular en el caso Bárcenas han solicitado formalmente al Juzgado Central de Instrucción nº 5 varias actuaciones. Su objetivo es que se investigue de nuevo a los empresarios contratistas que inicialmente fueron objeto de la querella presentada por la acusación popular, pero contra quienes la causa fue sobreseída provisionalmente por el Juez instructor Ruz ante, a su juicio, la falta de pruebas que mostraran la vinculación entre las donaciones al Partido Popular recogidas en los escritos del extesorero y la adjudicación de licitaciones.

Sin embargo, además de la información que en los meses precedentes se ha aportado en el juicio de la causa Gurtel, en las últimas semanas se han ido conociendo a través de la prensa o mediante resoluciones judiciales del Juzgado Central de Instrucción nº 6 –en la investigación conocida como caso Púnica–, una serie de hechos y conductas irregulares de dirigentes del Partido Popular en relación a las elecciones celebradas en los años 2003, 2004, 2008 y 2011. Es por eso que la acusación popular pide que esta información intervenida en el caso Púnica sobre financiación ilícita en procesos electorales, en especial elecciones generales o europeas, se aporte también a la causa de los papeles de Bárcenas.

Y es que los hechos y conductas que ahora se están conociendo pueden ser de gran utilidad. Servirían para ampliar el amplio acervo probatorio ya existente en la pieza separada, pero también para corroborar el presunto modus operandi y la actuación continuada para la financiación ilícita del Partido Popular, el falseamiento de sus cuentas electorales o el blanqueo y troceamiento de fondos electorales opacos, es decir, de la comisión de un delito electoral continuado. También aportaría datos para confirmar la participación continuada de los extesoreros investigados, Lapuerta y Bárcenas, quienes han sido administradores generales de las campañas del Partido Popular ante la Administración electoral y los órganos de control contable.

Además de las diligencias de prueba solicitadas relativas a la documentación del caso Púnica relacionada con procesos electorales, la acusación popular solicita en su escrito la declaración en calidad de investigados de varias personas vinculadas a DREGEMONT, la empresa que Francisco Correa ya identificó como pagadora de comisiones en su declaración en el juicio Gürtel en octubre 2016. Esta diligencia permitiría ampliar la investigación sobre los presuntos delitos de cohecho que se habrían producido al pagarse comisiones a dirigentes del Partido Popular a cambio de favorecer a empresas privadas en concesiones de obra pública.

También solicita la acusación popular en su escrito que acuda a declarar en calidad de investigado José Luis Izquierdo, autor de parte de la contabilidad de Francisco Correa. Y es que la denominada “carpeta azul” contiene anotaciones contables, tal y como reconoció Correa, que vincularían supuestos pagos ilícitos con las adjudicaciones de obra a través de DEGREMON, empresa de la que sus responsables también aparecen en los papeles de Bárcenas.

Por otra parte, y en relación a la causa abierta en Toledo por supuesto cohecho y prevaricación de dirigentes del Partido Popular con ocasión de la adjudicación del servicio de limpieza de la ciudad de Toledo, la semana pasada esta acusación popular realizó nueva solicitud de diversas diligencias de prueba.

Las organizaciones querellantes, IU, ALA, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Los Verdes, consideran que los nuevos hechos acaecidos aportan indicios suficientes como para que se profundice en la investigación que quedó inconclusa en su día. Es por ello que continuarán su tarea hasta que se investigue en profundidad la actuación de los constructores y políticos implicados, de modo que puedan ser condenados si se demuestran delitos en sus actuaciones.

Imputado todo el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

15 de noviembre de 2016

La acusación popular de la Querella Bárcenas se felicita por la imputación, por presunta prevaricación, a todo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo en 2007, cuando gobernaba el PP. Lo que se dirime es si recibieron una donación ilegal para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal por parte de Sacyr a cambio de incrementar en 11 millones de euros el contrato de basuras que recibió una filial de esta misma empresa.
        
Las cinco organizaciones que iniciaron la acusación popular en la conocida como Querella Bárcenas –por basarse en los papeles del extesorero del Partido Popular– Asociación Libre de Abogados (ALA), IU y Ecologistas en Acción, entre otras, en el curso de la instrucción han ido promoviendo la apertura de asuntos derivados de este caso.

Uno de ellos es el procedimiento que se instruye en Toledo, en el que se dirime si se produjo una “donación” ilegítima de fondos para el Partido Popular en Castilla-La Mancha a cambio de un incremento en el contrato a la empresa SUFI-Sacyr, nada menos que por 11 millones de euros, para el servicio de recogida de basuras. Esta aportación pudo ser de 700.000 euros e iba dirigida a financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal, según declaró el extesorero, Luis Bárcenas.

Pues bien, acaba de conocerse que la instrucción que impulsó esta acusación popular y que por parte del Juzgado nº 3 de Toledo se centraba en quienes ya declararon en la Audiencia Nacional –el antiguo alcalde José Manuel Molina García y el concejal de Hacienda, Lamberto Pineda– se extiende ahora a todo el grupo de concejales del PP. Todos ellos firmaron el acta de la Junta de Gobierno Local del 23 de mayo de 2007, y es en ese acta es en la que se recoge el acuerdo que incrementaba el precio del contrato mencionado por 11 millones, pero obviando el procedimiento legalmente establecido para ello y con cuestionables intenciones que son precisamente parte del objetivo de la acusación popular.

El equipo de personas que por más de tres años están manteniendo la acusación popular con su trabajo voluntario ha recibido con alegría esta providencia por la que se imputa a toda la antigua cúpula del PP en el Ayuntamiento de Toledo por presunta prevaricación. Avanzamos hacia un nuevo revés contra la corrupción.

El caso de la destrucción de los discos de Bárcenas sigue adelante

29 de julio de 2016

La acusación popular de #QuerellaBárcenas, formada entre otros por la Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, se felicita por la continuación del procedimiento seguido contra el Partido Popular y diversos empleados del partido por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas

El día 26 de julio el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid dictó un auto por el que concluye la fase de instrucción de las diligencias previas Nº 5563/2013 –seguidas contra el Partido Popular, Carmen Navarro Fernández (tesorera del partido), Alberto Durán (director de sus servicios jurídicos) y José Manuel Moreno Alarcón (director de su Departamento de Sistemas de la Información)–, y ordena continuar la tramitación del procedimiento, por considerar que los hechos atribuidos a los mismos pueden ser constitutivos de sendos delitos de daños informáticos y encubrimiento.

Lo hace tras una accidentada instrucción, que fue objeto de un primer sobreseimiento decretado por la anterior titular del Juzgado, posteriormente revocado por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid, y que incluso ha sobrevivido al extravío de la causa, lo que obligó a su reconstrucción.

El auto de 26 de julio deniega también la solicitud de los investigados (antes llamados “imputados") de que se acuerde el sobreseimiento de la causa por entender que los hechos no constituyen delito alguno. Todas las acusaciones se opusieron al sobreseimiento de las diligencias y, posteriormente, el Ministerio Fiscal ha presentado un escrito en el que se alinea con los argumentos y la solicitud de los encausados, si bien paralelamente y de manera contradictoria, solicita que se establezca un plazo de 11 meses para concluir la instrucción.
 
Tras realizar un pormenorizado análisis de las diligencias practicadas en la causa y del resultado de las mismas, en el auto se considera que hay indicios que acreditan:

1. Respecto del delito de daños informáticos, hay indicios de que la participación de Alberto Durán consistió en ordenar la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que pudieran contener. También hay indicios de que Carmen Navarro, pese a conocer sobradamente las circunstancias que rodeaban la custodia de los ordenadores y la disputa jurídica en torno a los mismos, permitió expresa o tácitamente su destrucción, y de que José Manuel Moreno ejecutó la orden de Alberto Durán pese a no estar jerárquicamente obligado a ello.

La responsabilidad del Partido Popular se deriva de no haber establecido un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión del delito. De hecho, a día de hoy sigue sin disponer de un inventario de los elementos existentes en la sede y de un protocolo interno de seguridad, ya que no puede considerarse como tal –"de forma seria y rigurosa”, según el auto– el folio que el partido aporta a tal efecto y que era desconocido para los usuarios, los trabajadores y los propios responsables del Departamento de Sistemas de Información, entre los que estaba Javier Barrero.

2. Respecto al delito de encubrimiento, el auto considera que hay indicios de que Carmen Navarro, Alberto Durán y José Manuel Moreno han cometido este delito. En cuanto a los dos primeros, las pruebas practicadas a lo largo de la instrucción permiten afirmar que la primera permitió y el segundo ordenó la destrucción de los discos duros pese a tener conocimiento de la investigación que estaba llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal del PP. El auto pone de manifiesto su determinación de impedir que la investigación accediese a importantes datos relativos a la contabilidad paralela del PP, junto con otra información relacionada con la misma que Luis Bárcenas guardaba en los portátiles. Por su parte, la responsabilidad de José Manuel Moreno se deriva de su colaboración imprescindible en el borrado y posterior destrucción de los discos duros.

Este delito no puede imputarse al Partido Popular porque la responsabilidad de las personas jurídicas, y de los partidos políticos, se circunscribe a un catálogo de delitos del que no forma parte el de encubrimiento.

Por último, la magistrada argumenta su decisión de no acordar el sobreseimiento solicitado por los investigados y el Ministerio Fiscal, y responde detalladamente a las alegaciones realizadas por los mismos. En concreto, basándose de nuevo en las diligencias de prueba practicadas a lo largo de la instrucción (entre las que se cuentan las declaraciones de los investigados, de los testigos y del propio Luis Bárcenas, cuyo relato considera "coherente y firme"), niega que los ordenadores estuviesen vacíos, aserción que considera exculpatoria y que se basa únicamente en el testimonio de José Manuel Moreno. También resalta que "la información contenida en los ordenadores podría ser muy relevante, no solo para la defensa del señor Bárcenas, sino para la investigación [se refiere a la seguida en la Audiencia Nacional]". La magistrada añade: “Esta evidencia no pudo pasar desapercibida para los responsables del PP investigados en esta causa, pese a lo cual, o quizás por ello, impidieron, indiciariamente, su acceso a la causa".

Con esta resolución se abre el plazo para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones puedan formular escrito de acusación o, si lo entienden necesario, solicitar la práctica de nuevas diligencias. No obstante, también puede ser recurrida, como el PP y los demás investigados ya han anunciado que tienen previsto hacer.

Los colectivos que iniciaron la conocida como #QuerellaBárcenas (Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, entre otros) se felicitan por el resultado de una instrucción que recoge buena parte de los argumentos que ha venido defendiendo esta acusación popular, la cual puede suponer una condena al Partido Popular.

La acusación popular pide reabrir el caso de la financiación ilegal del PP a cambio de adjudicaciones de obra pública

26 de noviembre de 2015

Los colectivos que iniciaron la conocida como 'querella Bárcenas', la acusación popular formada por la Asociación Libre de Abogados, IU, Ecologistas en Acción y Los Verdes, han solicitado este jueves 26 de noviembre la reapertura de las diligencias previas en la pieza separada de los papeles de Bárcenas. Consideran que las recientes declaraciones de Correa confirman lo que han venido señalando desde el principio: que los responsables de grandes empresas constructoras presuntamente financiaron de forma ilícita al Partido Popular a cambio de la adjudicación de obras públicas

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Otra recusación contra los magistrados López y Espejel

14 de septiembre de 2015

Los colectivos que iniciaron la conocida como “querella Bárcenas”, la acusación popular formada por la Asociación Libre de Abogados, IU, Ecologistas en Acción y Los Verdes, han presentado una recusación contra Enrique López y Concepción Espejel. Estos dos magistrados son miembros de la sección de la Audiencia Nacional que juzgará este caso, y a juicio de estas organizaciones no serían parciales a la hora de enjuiciar a la cúpula económico administrativa del Partido Popular y al propio partido, que está encausado como responsable civil.

LAS ORGANIZACIONES DE LA QUERELLA BÁRCENAS PRESENTAN ESCRITO DE ACUSACIÓN PARA EVITAR UN SOBRESEIMIENTO ESCANDALOSO

La acusación popular cuya querella dio lugar a la pieza separada conocida como los “papeles de Bárcenas”, ha presentado un escrito de acusación contra 26 personas, entre las que se incluyen a los actuales o anteriores directivos de algunas de las grandes constructoras y a políticos como Ángel Acebes. Discrepan del sobreseimiento decretado por el juez Ruz sobre casi todos ellos y señalan como escandaloso que se pretenda solventar un caso tan claro imputando exclusivamente a dos tesoreros y a una empresa de arquitectura.

Dos años

 

 

 

 

 

 

Dos años llevamos ya desde que, el último día de febrero de 2013, cinco organizaciones* interpusimos una querella contra buena parte de los políticos y constructores que aparecían reflejados en los “papeles de Bárcenas”.

Han sido dos años de un trabajo muy intenso, que ha tenido consecuencias muy relevantes: se paró el reloj de la prescripción de muchos delitos, la querella ha provocado que el caso Bárcenas estuviera en candelero de forma continuada, hemos conseguido que ya haya 32 imputados, entre ellos, algunos de los presidentes o expresidentes de las mayores constructoras españolas, como OHL, Sacyr o FCC, además de importantes cargos del Partido Popular. También que el juez instructor dé por hecho que el PP mantenía una contabilidad B.

Ahora afrontamos un momento crucial: Luis Bárcenas está en libertad, al tiempo que hay serias dudas sobre la continuidad de Ruz en la instrucción. Todo parece indicar que la acción de la acusación popular va a ser más importante que nunca.

Para hacer un balance de lo que han supuesto estos dos años, de lo conseguido y de lo que nos resta por avanzar, de las dificultades y zancadillas con que nos encontramos, estamos organizando un acto muy especial: combinar la representación de la obra Ruz-Bárcenas, con un acto informativo en el que valoremos la situación.

 ¡Nos vemos!

Fecha: martes, 3 de marzo

Lugar: Teatro del Barrio (C/ Zurita, 20, Madrid)

Horario:

  • 19:00 h, representación teatral y, a continuación
  • 20:30 h mesa redonda informativa

Entrada libre, aunque agradecemos una contribución para sufragar los gastos de los actores (cuota recomendada, 7 euros).

(*) #QuerellaBárcenas: Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Federación Los Verdes, Justicia y Sociedad.

Obra: Ruz-Bárcenas

de Jordi Casanovas, dirección Alberto San Juan

Intérpretes: Pedro Casablanc y Manolo Solo

Escenografía y vestuario Teatro del Barrio / iluminación Raúl Baena

Coproducción Teatre Lliure y Teatro del Barrio

Duración 1h. 10' sin pausa.

 

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